El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.
Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán incentivos fiscales para facilitar la congelación de los precios, de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
Según han detallado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, se ha superado el principal escollo con el que se topó ayer la negociación, en relación a las obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de «privilegios fiscales». También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.
Las primeras reacciones por parte de los principales actores implicados no se han hecho esperar.
Garamendi (CEOE), preocupado por la Ley de Vivienda por ser una “injerencia” contra la propiedad privada
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado su “profunda preocupación” por el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de coalición para sacar adelante la Ley de Vivienda, una de las condiciones que había puesto Podemos para apoyar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Garamendi, en declaraciones a la prensa a su llegada al South Summit 2021, ha criticado que, mediante esta nueva Ley de Vivienda, se quiera “injerir directamente sobre la propiedad privada”.
“Las personas tienen derecho a ahorrar, y que el Estado venga ahora a entrar en cómo tienes que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos es una distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución”, ha denunciado.
“Pienso que para España, para las personas, para los que tienen propiedades, se toca la libertad y eso es muy preocupante y malo. En algunos países, como Alemania, esto se ha aplicado y no ha funcionado”, ha añadido el dirigente empresarial.
Garamendi ha criticado además que se haya vinculado esta nueva norma a los PGE de 2022. “Poco tienen que ver los Presupuestos con esto. ¿Qué tienen que ver los Presupuestos con ir directamente contra el artículo 31 de la Constitución, que es el derecho a la propiedad?“, se ha quejado el líder de la CEOE. El dirigente empresarial ha advertido además de que esto crea “inseguridad jurídica” y falta de confianza y ha señalado que su organizarán analizará con mucha atención la Ley de Vivienda que quiere aprobar el Gobierno.
Echenique dice que el acuerdo de alquileres concreta la redacción de la futura ley: “Esta vez va en serio”
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que el acuerdo con el PSOE para la regulación de los precios del alquiler alcanza la propia redacción legal de la futura Ley de Vivienda, como “garantía” de que “esta vez va en serio”.
“No se trata de un documento político, sino de un texto legislativo. Ya hemos trabajado con el PSOE sobre el texto de la ley. Creo que aporta garantías de que esta vez va en serio”, ha respondido en rueda de prensa en el Congreso, tras ser preguntado por su confianza en que, ahora sí, el acuerdo se llevará a cabo.
Y es que es la cuarta ocasión que los socios de coalición alcanzan un acuerdo para regular los precios del alquiler, tras los fallidos Presupuestos de 2019, el acuerdo de coalición para la investidura de Pedro Sánchez en 2020 y los actuales Presupuestos de 2021.
En ninguna de ellas se acabó impulsando esta regulación, por resistencias del PSOE, pese a que en la última ocasión fijaron hasta un plazo para aprobarla en Consejo de Ministros y llevarla al Congreso, arrastrando ya ocho meses de retraso.
Celebrando el acuerdo alcanzado, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos ha concedido que la ley habilita, que no obliga, a comunidades y ayuntamientos a adoptar medidas de intervención, y que es posible que no se aplique en comunidades “que no quieran mejorar la vida de los ciudadanos y prefieran favorecer a los fondos buitre”.
“Pero tenemos un Estado compuesto y hay que respetar el esquema de competencias que está vigente. Máxime cuando la derecha y la ultraderecha van a llevar al Tribunal Constitucional todas las leyes que se aprueben para proteger a la gente”, ha apostillado.
Asumiendo un futuro recurso de inconstitucionalidad, Echenique ha defendido “ser enormemente cuidadosos en la redacción de las leyes para que, cruzando los dedos, cuando sean enviadas al Constitucional no sean tumbadadas por este tribunal” que, ha apostillado, “de vez en cuando toma decisiones cuestionables”.
La consultora inmobiliaria Colliers cree que la Ley de Vivienda replicará en España la situación de Barcelona
La consultora inmobiliaria Colliers considera que la nueva Ley de Vivienda tendrá “el mismo resultado” que en Barcelona, donde ya existe una normativa sobre los alquileres, y provocará una “paralización de las nuevas promociones”.
Para el director ejecutivo de Colliers, Mikel Echavarren, la declaración de las zonas tensionadas, que será competencia de los ayuntamientos, “abre un reino de Taifas en el mercado inmobiliario español y anulará la inversión en localizaciones consideradas ‘de alto riesgo’ para los inversores.
Echavarren ha criticado otra de las medidas que contempla la ley, como la consideración como grandes propietarios de las personas que dispongan de diez o más viviendas. El director ejecutivo de Colliers ha calificado de “poco afortunado” considerar que estos tenedores tienen “privilegios fiscales”, ya que la fiscalidad para ellos “es muy negativa”.
“No pueden recuperar el IVA de sus inversiones, de sus proveedores de servicios, mantenimiento y rehabilitaciones”, ha expresado. Echevarren ha explicado que la rentabilidad neta de la inversión en alquiler gira en torno al 3% o el 4% del alquiler, por lo que incrementar los costes fiscales y rebajar las rentas provocaría la “paralización de nuevas inversiones”.
Violant Cervera (Consejera de Derechos Sociales en Cataluña): “Miraremos con lupa que la nueva ley estatal de vivienda no invada nuestras competencias”
La consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha comparecido hoy en representación del Gobierno para valorar la nueva Ley Estatal de Vivienda. Y aunque todavía no se la conoce al detalle, la consejera ha recordado que la Generalitat tiene atribuciones en esta materia y, por eso, ha advertido que “miraremos con lupa que esta nueva ley no invada nuestras competencias”.
Violant Cervera también se ha preguntado si la nueva norma “contempla alguna medida sobre los desahucios. Es uno de los problemas que más nos preocupa”. Ha señalado que el día 31 de octubre termina la moratoria de desahucios y ha añadido: “Esta sí que es una medida urgente e inminente y queremos saber qué prevé el Gobierno de España”.
Con respecto a la ayuda de 250 euros para jóvenes que también se ha anunciado, la titular de Derechos Sociales ha avanzado que “queremos saber si se tendrán en cuenta las distintas realidades territoriales”. Y ha puesto como ejemplo: “No es lo mismo un joven que tiene que acceder a un piso en Barcelona que en otro municipio”.
Por este motivo, “también querríamos que este traspaso de recursos, de estos 250 euros, para que la Generalitat los pueda gestionar y resolver según nuestras características territoriales“, ha añadido.
En cuanto al Plan de Vivienda, la consejera ha reclamado “la devolución a Cataluña de los importes que recibíamos, los 120 millones de euros, frente a los 50 que recibimos en estos momentos porque consideramos que estas sí son medidas estructurales para poder combatir el déficit de vivienda”.
ANA: “Atacar a los grandes propietarios es un grave error”
Preguntado sobre la regulación de precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado y la retirada de privilegios fiscales, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) indica “como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, nos parece un grave error atacar a los grandes propietarios que son los que generan y pueden generar, de forma inmediata, más oferta de vivienda en alquiler. Como ya hemos subrayado, es una medida que va contra la libre competencia y la libertad de mercado. Aumentarles la fiscalidad y hacerles bajar los precios, irá directamente en contra de la viabilidad de su negocio, y terminarán por cerrar su actividad en España. De esta manera disminuirá la oferta de viviendas en alquiler, puesto que muchos de estos activos, que ya estaban destinados al alquiler, se venderán y se perderá oferta.
“Además, y como ya adelantó la Agencia Negociadora del Alquiler este año, a través de un análisis sobre el Índice de Precios del Gobierno, este no resulta válido para intervenir las rentas de alquiler. Por lo tanto no hay herramienta para medir, de forma profesional y honesta, los llamados mercados tensionados, afirma Zurdo”.
Sobre los pequeños propietarios y la congelación de precios e incentivos fiscales para bajar el precio, José Ramón Zurdo considera que “si la medida va en la línea de poner en marcha incentivos fiscales para los pequeños propietarios, no solo nos parece correcto, sino que es algo que venimos proponiendo desde hace años, no solo para incentivar una bajada de rentas, sino para animar a que más propietarios particulares puedan poner sus viviendas en el mercado del alquiler y aumentar así la oferta”. No obstante, añade “Como todavía no conocemos el texto de la Ley, entendemos que no se está proponiendo una congelación de rentas a pequeños propietarios, porque de ser así, se estarían interviniendo las rentas de alquiler y eso nos parecería inadmisible. No entendemos como a los funcionarios se les propone una subida del 2% y en cambio, se pretende limitar que los pequeños propietarios puedan actualizar las rentas y estas se congelen”.
Sobre la puesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social), Zurdo indica que “si se confirmara esta noticia, me parece acertado apostar por un gran parque público de vivienda en alquiler, pero solo a través de acuerdos alcanzados con los promotores en una colaboración público-privada y no a través de imposiciones y de intervenirles el precio de los alquileres, dado que ellos no tienen que soportar, que las carencias de vivienda pública destinada al alquiler, les repercuta. Ahora bien, si se les incentivara fiscalmente o con suelo público, la cosa sería diferente, porque esa obligación de ceder viviendas para fines sociales nacería de un pacto o colaboración. Esta medida de cesión del 30 % de lo edificado a vivienda protegida se puede entender solo en suelos públicos comprados a menor precio a cambio de vivienda social, pero no tiene ningún sentido en suelos comprados libremente a precios de mercado, lo que puede paralizar la promoción de viviendas, como está ocurriendo en Cataluña donde apenas se inician promociones. También dicha medida podría echar por tierra la expansión del fenómeno build to rent“.
Sobre el impuesto a la vivienda vacía, a través del recargo del IBI hasta el 150 %, que podrán aplicar los ayuntamientos, Zurdo la considera “una medida confiscatoria” y “que atenta contra la libertad individual, la propiedad privada, y sobre el uso que cada propietario le quiera dar a su vivienda. Además, nos gustaría saber cuales son los parámetros que se van a utilizar para determinar que una vivienda está vacía o tiene algún tipo de uso, y ahí puede haber un sinfín de casuísticas, que acabaran en disputas jurídicas con los ayuntamientos”.
Por último y con respecto a la definición de gran propietario a partir de diez viviendas, Zurdo considera que esta es “una definición subjetiva y salvo que nos lo expliquen, no sabemos cuál es la justificación, razonada, para determinar que uno es gran propietario cuando tiene diez viviendas, y no por ejemplo si tiene nueve u once. Creemos que, junto a las medidas coercitivas a los grandes propietarios, es una medida más a sumar dentro de la cruzada ideológica contra los capitales, sin darse cuenta que van a perjudicar al mercado del alquiler. No sería de extrañar que si las medidas anunciadas se confirman, aumentara la conflictividad hasta el punto de llegar a la primera huelga de arrendadores que ha habido en este país”, concluye.
COAPI Madrid: “La Ley de Vivienda paralizará la buena marcha del mercado por frenar la inversión, el intervencionismo y la subida de las rentas”
Las medidas anunciadas para la futura Ley de Vivienda frenarán la buena marcha del mercado inmobiliario porque introducirán una grave distorsión que impedirá precisamente lo que pretende conseguir: el acceso más asequible a la vivienda. El motivo es que estas medidas provocarán una reducción de la oferta, con el consiguiente efecto de subida de precios, y freno a la inversión. Por este motivo, el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM), que preside Jaime Cabrero García, reclama una tramitación sosegada de la futura ley y no precipitada por el contexto político actual. Es preciso abordar la nueva normativa con una perspectiva más amplia en la que exista el horizonte común de ofrecer seguridad jurídica en el mercado desde un enfoque económico y profesional, en favor de los consumidores, consensuada con todos los representantes y profesionales del sector inmobiliario.
En un momento en el que por la propia dinámica del mercado se está produciendo un descenso de los precios del alquiler, tendencia que se inició con motivo de la pandemia, evidencia que no es oportuno introducir una intervención pública de los precios. Pero es incluso más desacertado cuando ya se ha observado cómo en una región, Cataluña, en la que se está aplicando esta medida de regulación de rentas, lo que ha sucedido es que no consigue la bajada de los precios y provoca la salida de inmuebles del mercado. Con las medidas anunciadas, las rentas del alquiler subirán.
Por otra parte, hay que precisar que la propuesta de introducir incentivos fiscales para los propietarios para que reduzcan el alquiler no será realmente efectiva por el escaso rendimiento que se puede obtener en función de los tramos de renta, ya que la deducción fiscal no compensaría la pérdida sufrida con la bajada de la renta.
Además, aunque es cierto que impulsar el parque público de alquiler es un buen objetivo, no se conseguirá con la reserva de un 30% para vivienda protegida en las promociones de vivienda, ya que supone introducir otro obstáculo más para el funcionamiento del mercado, al frenar la inversión.
Si las medidas anunciadas se introducen finalmente en el texto de la futura Ley de Vivienda, la buena marcha del mercado inmobiliario observada en los últimos meses, que ha despegado a pesar de la COVID-19, se verá frenada por la introducción de este abanico de medidas claramente intervencionistas, ya que impactará también en el mercado de transacciones de vivienda.
Sería bueno no perder de vista la necesidad de abordar la futura norma contemplando al sector en su conjunto: la actividad de los profesionales, la agilización urbanística, la seguridad jurídica para los operadores y consumidores en las transacciones y proyectos, así como el verdadero impulso a la vivienda social a través de los fondos europeos, todo ello en un momento en el que el sector inmobiliario y el sector financiero se encuentran en buena sintonía.
Las medidas anunciadas rompen la unidad de mercado, creando la posibilidad de que existan distorsiones provocadas por la posibilidad de que puedan aplicarse en unas zonas geográficas y en otras no, como la subida fiscal en el IBI, o la propia intervención de los precios del alquiler, que podrá aplicarse en unas autonomías, pero en otras no.
Casado llevará al TC la Ley de Vivienda y no la aplicarán sus CCAA: “Este intervencionismo es suicida”
El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Vivienda y no la aplicarán en sus comunidades autónomas. A su entender, “este intervencionismo es suicida” y demuestra que España tiene “el Gobierno más radical de la Unión Europea”.
En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Casado ha señalado que esa intervención en el mercado del alquiler lanza un “mensaje de inseguridad jurídica” y ha señalado que un Gobierno no puede “interferir” en la libertad y en la propiedad privada.
El jefe de la oposición ha avisado de que con las medidas del Gobierno lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos. Es más, ha añadido que no es una cuestión de dar ayudas sino de dar seguridad jurídica, que vengan a España los inversores y que los jóvenes tengan empleo porque así podrán acceder al alquiler.
Por eso, ha anunciado que el PP llevará la decisión del Gobierno de “intervenir” el mercado del alquiler ante el Constitucional. “Sánchez es rehén de sus socios radicales y es una pena que España tenga el Gobierno más radical de la UE”, ha manifestado, para recordar que su partido también llevó al TC la ley de alquileres de Cataluña.
ASPRIMA considera que la futura Ley de Vivienda reducirá la oferta residencial
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) se muestra preocupada ante las declaraciones surgidas en los medios sobre la futura Ley de Vivienda. A falta de conocer el texto final, la asociación considera que las medidas anunciadas afectarán gravemente a la pretensión de crear una mayor oferta de vivienda dedicada tanto al alquiler como a la venta, destinada a paliar la falta de accesibilidad a la misma por parte de los jóvenes.
ASPRIMA considera que, con la futura ley, se verán perjudicadas las empresas que invierten y crean empleo en el sector y la falta de seguridad jurídica provocará una contracción de la actividad en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que implementen estas medidas, como ya se ha observado en Cataluña -con medidas similares- en el parón en la inversión y una reducción en la oferta de viviendas.
Con respecto a la limitación de los alquileres, la asociación recuerda que todos los experimentos que han ido en esta dirección, y han sido testados en varias ciudades europeas además de en Cataluña, han provocado los efectos contrarios a los deseados: reducción de la oferta, obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y aparición de economía sumergida son los efectos observados.
Por su parte, la obligación de establecer una reserva del 30 % de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de esta a alquiler social- producirá, desde el punto de vista de ASPRIMA, una reducción de la inversión y un claro efecto de expulsión de la inversión, tanto nacional como extranjera, desplazándose estas entre comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma e incluso abandonando el país en función de lo afectada que pueda verse la seguridad jurídica en el texto definitivo de la ley.
Los datos de ambas iniciativas en ámbitos ya conocidos – Cataluña – arrojan los siguientes resultados, según una encuesta que ha realizado de la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña entre sus asociados:
- El 55,3 % ha parado la inversión esperando un nuevo escenario
- El 31,6% ha reducido su inversión
- El 13,1% ha trasladado su inversión a otro territorio
Estos datos reafirman la previsible reducción de la oferta, la actividad y el empleo.
FUENTE: Fotocasa.es
0 comentarios